El sistema de competencia camina… y los riesgos empresariales crecen

Alejandro Faya Rodríguez

Cuando el artículo 28 de la Constitución Política fue reformado en 2025 para desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones como organismos autónomos del Estado mexicano, no había una idea clara de lo que seguía. Al final, ambas estructuras fueron reemplazadas por dos agencias que ahora pertenecen al ámbito gubernamental central, pero con una distinción importante. La nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) goza de independencia técnica por mandato constitucional, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y, aunque nació como organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía, funciona a través de un Pleno de Comisionados y no está sujeto al control de una Junta de Gobierno presidida por la cabeza de sector, como sucede con el IMPI o la Profeco. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en cambio, regresa al esquema de órgano desconcentrado que administrativamente forma parte de una dependencia, en este caso la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, lo que disminuye las condiciones de autonomía relativa. 

Al margen de eso, la independencia técnica de la CNA no se logrará por mera intención o declaración legislativa, pues trata de una cuestión de realidades fácticas e institucionales. La organización jurídica importa, pero mucho más la deferencia y autocontención que muestre el Gobierno federal, el cual debe dejar trabajar a sus reguladores. A estos últimos les toca convencer con resultados, regirse por el trabajo técnico y elevar el costo de ciertas decisiones o posturas que puedan ser contrarias a las líneas políticas. No es cosa fácil, pues la política de competencia, desde hace varios años, ha experimentado alrededor del mundo fuertes tensiones e interferencias, incluso en países donde históricamente estaba bien valorada y custodiada. En Estados Unidos y en la Unión Europea dejó de ser un campo predominantemente tecnocrático y ha cedido paso al terreno geopolítico, quedando expuesta a riesgos de captura, control presupuestario, búsqueda de objetivos difusos o choques con visiones de seguridad nacional, proteccionismo o soberanía económica. 

En Estados Unidos, país creador del antitrust desde hace más de un siglo, el Presidente Trump despidió de manera por demás cuestionable a dos Comisionados de la Federal Trade Commission, rompiendo el equilibrio bipartidista que siempre había caracterizado al organismo. Y apenas en febrero pasado, la jefa de competencia del Departamento de Justicia, Gail Slater, fue presionada para dejar el cargo que apenas había asumido en medio de diferencias sobre el manejo de casos de alto impacto. 

En Reino Unido los Ministros destituyeron al jefe de la prestigiada Markets and Competition Authority porque a su juicio no compartía la visión del Gobierno sobre el crecimiento económico. Varios países europeos han presionado para relajar el control de concentraciones y fortalecer a los “campeones nacionales” frente a las empresas estadounidenses o chinas; o para liberar políticas industriales que puedan entrar en conflicto con las reglas supranacionales de competencia, por ejemplo, mediante subsidios estatales o intervenciones en sectores estratégicos. En México esta fricción podemos verla en el sector eléctrico con el esquema de “planeación vinculante” que condiciona la entrada en proyectos de generación o la regla de “prevalencia” a favor del Estado a propósito de la electricidad despachada en el sistema eléctrico nacional. 

Inevitablemente habrá diferencias de visión y tensiones derivadas del nuevo modelo híbrido, que busca independencia técnica, pero al mismo tiempo pertenencia armónica en el Gobierno federal. ¿Cómo resolverlo? En mi opinión habría que distinguir entre el ejercicio puro de atribuciones tradicionales de investigación, control y sanción, respecto de labores de abogacía o política pública en términos más amplios. En el primer tema, la independencia técnica debe prevalecer: esa es la obligación constitucional, la venta que se ha hecho sobre la implementación de la reforma, el compromiso asumido en T-MEC y, sobre todo, la única fórmula para generar credibilidad y confianza en intervenciones que pueden tener un fuerte impacto en los mercados y el clima de inversión. Conviene a todos que así sea y el costo de hacerlo diferente sería muy alto. Para el segundo tema, es lógico e incluso deseable que la CNA partícipe en diferentes ejercicios, donde la óptica de competencia puede prevalecer en algunas decisiones, mientras que para otros habrá objetivos de política pública más urgentes o prioritarios y corresponderá al responsable tomar una decisión y asumir los resultados. 

¿Cuál es el rol de las empresas frente a todo esto? Primero que todo deben ser parte de un ecosistema que presione y exija que el régimen de competencia se mantenga en cauces técnicos, profesionales y libre de sesgo político. A diferencia de otras agencias que sufrieron cambios radicales con las reformas recientes, una buena señal es que la CNA preservó casi todo el personal técnico que existía y que sigue operando en términos muy parecidos a como lo hacía Cofece, pero habrá que vigilar la buena marcha en el mediano plazo. Otro tema relevante es que, si bien la reforma secundaria no alteró la lógica sustantiva o procedimental del sistema, si fortalece el régimen sancionatorio de manera sistemática, ya que eleva las multas aplicables a los ilícitos de competencia y endurece las medidas de apremio por conductas que pudieran obstaculizar una investigación. Establece nuevas herramientas y facilita el ejercicio de otras preexistentes (entre otros, se reducen los umbrales para notificar una concentración). La agencia antimonopolios dejó de ser una agencia constitucional autónoma y pasó a formar parte de la Administración Pública, pero a la vez tiene dientes más largos y afilados. 

Todo esto genera una combinación riesgosa que no debe soslayarse y, con mayor razón, los límites y controles institucionales importan más que nunca. Pero también es indispensable recalibrar riesgos, educar al personal y tomar acciones preventivas. Esto permitirá evitar contingencias y navegar con mayor certidumbre jurídica, así como proteger a empleados y directivos, la reputación y las decisiones de negocio. Internalizar la competencia como valor corporativo es además un mensaje que arropa el mérito empresarial y los esfuerzos de innovación, lo que va en línea con el objetivo de toda empresa de gran calibre. 

Alejandro Faya Rodríguez. Maestro en Derecho por Oxford. Socio Director de Faya & Associates, consultoría especializada en derecho público y económico. Fue Comisionado de la COFECE de 2017 a 2025. Fue columnista por más de 10 años en Reforma y actualmente escribe para El Universal. Email: [email protected] 

Nota: Las opiniones expresadas en la columna invitada son a título personal y no reflejan la postura del Consejo de Empresas Globales.